La Paz, Bolivia

Domingo 26 de Marzo | 03:23 hs

Recuerde explorar nuestro archivo de noticias
Juan Antonio Morales

La indignación

La indignación
Muchos bolivianos hemos deplorado la sentencia a Leopoldo Fernández. Nos ha indignado por dos razones, primero por la injusticia cometida con él y, segundo, porque nos hemos sentido más indefensos que nunca frente a los abusos del Poder Ejecutivo retransmitidos al Poder Judicial.
 
Según informa la prensa, no había prueba alguna que sea terminante  contra Fernández. La calificación de su delito de "homicidio mediato” en la sentencia nos parece extraña a los que no somos abogados y  pareciera  que hay una contradicción en los términos. Se nos tendrá también que aclarar  por qué no se computan los años que ha estado en detención domiciliaria, con sus libertades  completamente restringidas.
 
Lo que sí nos queda claro es que Fernández había sido condenado de antemano, con las declaraciones del Vicepresidente del Estado Plurinacional. Ya el año 2008 el entonces ministro Quintana lo había amenazado con hacerlo convivir con los gusanos. 
 
Cuando se vuelve a mirar los videos de la época no sale nada claro. Reina una confusión total. Los campesinos llevados del Beni no eran precisamente para una peregrinación  a la Virgen del Pilar sino para defenestrar al prefecto. Se cometieron condenables actos de violencia de los dos lados. En retrospectiva, el informe del juez argentino Matarollo, encomendado por Unasur,  está lleno de incoherencias, incluyendo una lista de muertos vivientes. En ausencia de pruebas precisas, Fernández debía gozar del beneficio de la duda.
 
Como muchos compatriotas, lamentamos  las condiciones de la detención  preventiva de Fernández, que le deterioraron gravemente  la salud. Estuvo sometido a un trato cruel e inhumano. A pesar de sus desdichas, la población  ha podido apreciar sus palabras calmadas y sin rencor, después de conocer su sentencia. Ha hecho un llamado a la razón y a la solidaridad con sus compañeros de infortunio, tan injustamente sentenciados como él.
 
El tema de la justicia va más allá del caso de Fernández. Con demasiada frecuencia se penaliza sin las pruebas necesarias y olvidando el adagio de "ampliar lo favorable y restringir lo odioso”. Se hace una aplicación retroactiva de las leyes, en violación de todos los tratados internacionales que Bolivia ha firmado y que, es más, hacen parte de nuestra Constitución. Es más necesario que nunca respetar la independencia de poderes y la presunción de inocencia, que son principios básicos de una sociedad democrática y que están en nuestra Constitución. 
 
Donde más falta hace la recuperación de la majestad del Estado es en el Poder Judicial, aunque hay que reconocer que sus falencias no son de su entera culpa. Es un poder casi sin financiamiento, completamente congestionado y con pocos jueces para atender un gran número de causas, que además se han multiplicado con la tendencia del Gobierno de criminalizar todo lo que se le ponga al frente.  Está también sometido a enormes presiones, con el cometido de aplicar leyes confusas e incoherentes. A menudo se juzga sobre fallas procedimentales más bien que sobre la substancia. 
 
El Ministerio Público comparte las críticas que se le hacen  al Poder Judicial. No puede ser que sea usado como policía política, en virtud de una nueva cosmovisión, como decía un fiscal de triste memoria. Sus procedimientos nos recuerdan a los del Santo Oficio: solamente faltan las tenazas para arrancar los pedidos de procedimiento abreviado a los opositores.
 
A propósito de leyes confusas, los bolivianos estamos angustiados con las reformas del Código Penal que están siendo consideradas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Tememos  que se recaiga en el populismo penal y que se insista en el endurecimiento de las penas, más bien que en las tareas de prevención y de  cooperación con la comunidad para evitar el delito.
 
Ahora que se va a llamar a elecciones para los más altos magistrados de la nación, sería tiempo de darle una mirada más cuidadosa al funcionamiento del Poder Judicial. Las cumbres de movimientos sociales  para reformarlo no remedian la mala administración de justicia.

Juan Antonio Morales es profesor de la Universidad Católica Boliviana y expresidente del Banco Central de Bolivia.
205
4

También te puede interesar: